En cuanto a las privatizaciones...

En esta nueva entrada he decidido hablar sobre las privatizaciones para aclarar algunos conceptos. Todos los días escuchamos en la televisión que la sanidad se va a privatizar, las televisiones autonómicas, el agua, etc.

Una privatización es el proceso mediante el cual actividades empresariales son traspasadas del sector público al sector privado, es decir actividades traspasadas desde el Estado o Comunidad Autónoma hacia agentes económicos privados.

La necesidad de privatizar se fundamenta principalmente en:

a)  Mejorar la competitividad de la Economía del país

b) La necesidad del Sector Público de obtener recursos para reducir sus niveles de endeudamiento.

Desde mi punto de vista privatizar es bueno, primero porque no es función del Estado ser empresario, visto lo mal que gestiona; y segundo, porque se crea más riqueza, se innova más, se satisfacen mejor las necesidades del mercado, y en definitiva, se crean más puestos de trabajo y más sólidos cuando es la iniciativa privada la que gestiona las empresas.

Tres razones por las que privatizar:

1)  Iniciar o incrementar la competencia en determinados sectores (telecomunicaciones, aeropuertos, transporte ferroviario, eléctrico, tabaco, hidrocarburos, siderurgia, minería…). De esta forma se intenta conseguir que el mercado estimule la economía, permitiendo un mayor crecimiento económico. Los menores costes provocados por la mayor competencia incrementarán la productividad y la eficacia de las actividades empresariales, mejorarán la calidad y diversificarán la oferta de bienes y servicios. Por tanto, el consumidor resultará beneficiario.

2)  Reducir Deuda Pública. Las privatizaciones no sólo contribuyen a disminuir parte de la deuda pública, sino que además, las empresas una vez privatizadas realizan una mejor gestión empresarial, y si no cojamos los ejemplos de algunas empresas públicas.

3)  Entrada de capitales extranjeros. Con las privatizaciones de ciertos sectores, muchas empresas extranjeras quieren participar en los concursos públicos por lo tanto, las privatizaciones atraen la inversión extranjera. La inversión extranjera resulta atractiva porque los Estados reciben más impuestos y se benefician de los bienes y servicios que producen, además, las multinacionales compiten en la búsqueda de personal cualificado, lo que eleva el nivel de los salarios y anima a los trabajadores a mejorar su formación.

Otro de los aspectos fundamentales es evitar, con las privatizaciones, el “enchufismo” y nombramiento a dedo de ciertos cargos políticos en empresas públicas. Ahora bien, ya hemos escuchado como una de las empresas candidata a gestionar Telemadrid es la del ex portavoz del Gobierno de Jose María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez. Siguiendo con otro ejemplo, María Dolores de Cospedal quiere privatizar la sanidad en Castilla La Mancha. Una de las empresas candidatas es CAPIO SANIDAD, una multinacional sueca de asistencia sanitaria, líder del mercado en Suecia y España, cuarto en el Reino Unido y segundo en Francia. Hasta ahí todo normal, lo chirriante es que entre los distintos nombres que aparecen vinculados a Capio Sanidad, como accionistas o directivos, destaca el de Rodrigo Rato, ex presidente de BANKIA, ex vicepresidente y ministro de economía con José María Aznar y máximo responsable del FMI, incapaz de ver llegar la grave crisis que nos ahoga. Ignacio López del Hierro, perejil de todas las salsas, esposo de la presidenta de Castilla La Mancha y para rizar el rizo, el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echaniz, es hermano de Teresa Echániz Salgado, subdirectora de investigación de Capio Sanidad.

Por último quiero decir que la privatización no afecta al ciudadano. Por ejemplo, en Santander la empresa adjudicataria de la concesión para la gestión integral del Servicio Municipal de Agua y Saneamiento de Santander es Aqualia.  El precio que paga el ciudadano es el mismo estando el servicio privatizado o no. El precio del agua lo regula el Ayuntamiento de Santander mediante una ordenanza fiscal que se aprueba en el pleno del Ayuntamiento. Por lo tanto, el ciudadano no se ve afectado de hecho, se beneficia puesto que gracias a la privatización del servicio, el ayuntamiento gana en eficiencia, en mejores medios ya que la empresa privada realiza la inversión, y agilidad en la gestión.

Los desahucios y la hipocresía de las élites extractivas

Los desahucios se han disparado desde el inicio de la crisis hasta alcanzar récords históricos de 517 desahucios al día, más de 400.000 familias se han quedado sin sus casas. Basta con ver los niveles de morosidad, las estadísticas del Poder Judicial y la cantidad de activos inmobiliarios que se están traspasando desde los balances de las entidades financieras al nuevo banco malo: Sareb para darse cuenta de lo complicado que es este asunto.

Ayer escuchábamos la noticia de que tanto el PP como el PSOE  habían acercado posturas para frenar esta oleada de desahucios. Es ahora, ante la avalancha de desahucios, después de la alarma social provocada por la actitud miserable de unos bancos que imponen, embargan y ejecutan hipotecas, tras ser rescatados con dinero público, a nuestra costa, cuando los dos grandes partidos políticos parece que se dignan a estudiar el tema. Pero la caradura de cierta clase política y de las élites extractivas de nuestro país alcanzan límites insospechados. Basta con irnos, un año atrás en octubre de 2011, cuando todavía gobernaba el PSOE. El ministro de Justicia de aquella época, Francisco Caamaño, creó La Ley de Medidas de Agilización Procesal  cuyo objetivo era acelerar el proceso se desahucio por impago del inquilino. Ahora escuchamos al Partido Socialista criticar la situación de las familias que han perdido sus casas a cuenta de la mala gestión del Gobierno. Es indignante como utilizan el populismo barato para ganar votos. No miran por el colectivo si no pos sus propios intereses.

Dejando la política aparte, analicemos cuál es el papel de los bancos. Sí aquellos bancos que necesitan dinero del Estado para poder sobrevivir. Sí ese dinero que todos los ciudadanos vamos a tener que pagar por el rescate del sector financiero. 

Imaginemos que no estuviésemos en crisis,  que todavía estuviésemos en aquellos tiempos en los que los bancos tuviesen liquidez, y decidimos comprarnos una vivienda. Como no disponemos en nuestros ahorros de tanto dinero para comprarnos la casa, decidimos ir al banco para pedir una hipoteca. Supongamos que la casa cuesta 100.000 euros y que sólo disponemos de 60.000, nuestra intención es pedir al banco unos 40.000 euros. Bueno, la persona que nos atiende en el banco nos quiere prestar 60.000 euros para que esos 20.000 euros de más los gastemos en amueblar la casa, aceptamos y tenemos una hipoteca de 60.000 euros cuando la que queríamos era de 40.000. La persuasión del banquero  nos ha cautivado, encantadores de serpientes que tratan de hacerse un hueco en nuestras vidas. Meses más tarde, nos quedamos sin trabajo y no podemos hacer frente a la hipoteca. El banco, sin ningún pudor, formula una denuncia por impago y en 2 meses se ejecuta el desahucio. Una vez que nos quedamos sin casa donde vivir, que no sabemos qué hacer ni a dónde ir, tenemos que seguir pagando la hipoteca y encima tenemos que pagar lo que el Estado va a dejar a esas entidades financieras para saldar sus cuentas.

Políticos, banqueros, instituciones...viven del ciudadano y en vez de mirar por los intereses del colectivo social sólo miran por los suyos propios.

¿Hay algo que funcione en este país?