Los desahucios se han disparado desde el inicio de la crisis hasta alcanzar récords históricos de 517 desahucios al día, más de 400.000 familias se han quedado sin sus casas. Basta con ver los niveles de morosidad, las estadísticas del Poder Judicial y la cantidad de activos inmobiliarios que se están traspasando desde los balances de las entidades financieras al nuevo banco malo: Sareb para darse cuenta de lo complicado que es este asunto.
Ayer escuchábamos la noticia de que tanto el PP como el PSOE habían acercado posturas para frenar esta oleada de desahucios. Es ahora, ante la avalancha de desahucios, después de la alarma social provocada por la actitud miserable de unos bancos que imponen, embargan y ejecutan hipotecas, tras ser rescatados con dinero público, a nuestra costa, cuando los dos grandes partidos políticos parece que se dignan a estudiar el tema. Pero la caradura de cierta clase política y de las élites extractivas de nuestro país alcanzan límites insospechados. Basta con irnos, un año atrás en octubre de 2011, cuando todavía gobernaba el PSOE. El ministro de Justicia de aquella época, Francisco Caamaño, creó La Ley de Medidas de Agilización Procesal cuyo objetivo era acelerar el proceso se desahucio por impago del inquilino. Ahora escuchamos al Partido Socialista criticar la situación de las familias que han perdido sus casas a cuenta de la mala gestión del Gobierno. Es indignante como utilizan el populismo barato para ganar votos. No miran por el colectivo si no pos sus propios intereses.
Dejando la política aparte, analicemos cuál es el papel de los bancos. Sí aquellos bancos que necesitan dinero del Estado para poder sobrevivir. Sí ese dinero que todos los ciudadanos vamos a tener que pagar por el rescate del sector financiero.
Imaginemos que no estuviésemos en crisis, que todavía estuviésemos en aquellos tiempos en los que los bancos tuviesen liquidez, y decidimos comprarnos una vivienda. Como no disponemos en nuestros ahorros de tanto dinero para comprarnos la casa, decidimos ir al banco para pedir una hipoteca. Supongamos que la casa cuesta 100.000 euros y que sólo disponemos de 60.000, nuestra intención es pedir al banco unos 40.000 euros. Bueno, la persona que nos atiende en el banco nos quiere prestar 60.000 euros para que esos 20.000 euros de más los gastemos en amueblar la casa, aceptamos y tenemos una hipoteca de 60.000 euros cuando la que queríamos era de 40.000. La persuasión del banquero nos ha cautivado, encantadores de serpientes que tratan de hacerse un hueco en nuestras vidas. Meses más tarde, nos quedamos sin trabajo y no podemos hacer frente a la hipoteca. El banco, sin ningún pudor, formula una denuncia por impago y en 2 meses se ejecuta el desahucio. Una vez que nos quedamos sin casa donde vivir, que no sabemos qué hacer ni a dónde ir, tenemos que seguir pagando la hipoteca y encima tenemos que pagar lo que el Estado va a dejar a esas entidades financieras para saldar sus cuentas.
Políticos, banqueros, instituciones...viven del ciudadano y en vez de mirar por los intereses del colectivo social sólo miran por los suyos propios.
¿Hay algo que funcione en este país?
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