En cuanto a las privatizaciones...

En esta nueva entrada he decidido hablar sobre las privatizaciones para aclarar algunos conceptos. Todos los días escuchamos en la televisión que la sanidad se va a privatizar, las televisiones autonómicas, el agua, etc.

Una privatización es el proceso mediante el cual actividades empresariales son traspasadas del sector público al sector privado, es decir actividades traspasadas desde el Estado o Comunidad Autónoma hacia agentes económicos privados.

La necesidad de privatizar se fundamenta principalmente en:

a)  Mejorar la competitividad de la Economía del país

b) La necesidad del Sector Público de obtener recursos para reducir sus niveles de endeudamiento.

Desde mi punto de vista privatizar es bueno, primero porque no es función del Estado ser empresario, visto lo mal que gestiona; y segundo, porque se crea más riqueza, se innova más, se satisfacen mejor las necesidades del mercado, y en definitiva, se crean más puestos de trabajo y más sólidos cuando es la iniciativa privada la que gestiona las empresas.

Tres razones por las que privatizar:

1)  Iniciar o incrementar la competencia en determinados sectores (telecomunicaciones, aeropuertos, transporte ferroviario, eléctrico, tabaco, hidrocarburos, siderurgia, minería…). De esta forma se intenta conseguir que el mercado estimule la economía, permitiendo un mayor crecimiento económico. Los menores costes provocados por la mayor competencia incrementarán la productividad y la eficacia de las actividades empresariales, mejorarán la calidad y diversificarán la oferta de bienes y servicios. Por tanto, el consumidor resultará beneficiario.

2)  Reducir Deuda Pública. Las privatizaciones no sólo contribuyen a disminuir parte de la deuda pública, sino que además, las empresas una vez privatizadas realizan una mejor gestión empresarial, y si no cojamos los ejemplos de algunas empresas públicas.

3)  Entrada de capitales extranjeros. Con las privatizaciones de ciertos sectores, muchas empresas extranjeras quieren participar en los concursos públicos por lo tanto, las privatizaciones atraen la inversión extranjera. La inversión extranjera resulta atractiva porque los Estados reciben más impuestos y se benefician de los bienes y servicios que producen, además, las multinacionales compiten en la búsqueda de personal cualificado, lo que eleva el nivel de los salarios y anima a los trabajadores a mejorar su formación.

Otro de los aspectos fundamentales es evitar, con las privatizaciones, el “enchufismo” y nombramiento a dedo de ciertos cargos políticos en empresas públicas. Ahora bien, ya hemos escuchado como una de las empresas candidata a gestionar Telemadrid es la del ex portavoz del Gobierno de Jose María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez. Siguiendo con otro ejemplo, María Dolores de Cospedal quiere privatizar la sanidad en Castilla La Mancha. Una de las empresas candidatas es CAPIO SANIDAD, una multinacional sueca de asistencia sanitaria, líder del mercado en Suecia y España, cuarto en el Reino Unido y segundo en Francia. Hasta ahí todo normal, lo chirriante es que entre los distintos nombres que aparecen vinculados a Capio Sanidad, como accionistas o directivos, destaca el de Rodrigo Rato, ex presidente de BANKIA, ex vicepresidente y ministro de economía con José María Aznar y máximo responsable del FMI, incapaz de ver llegar la grave crisis que nos ahoga. Ignacio López del Hierro, perejil de todas las salsas, esposo de la presidenta de Castilla La Mancha y para rizar el rizo, el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echaniz, es hermano de Teresa Echániz Salgado, subdirectora de investigación de Capio Sanidad.

Por último quiero decir que la privatización no afecta al ciudadano. Por ejemplo, en Santander la empresa adjudicataria de la concesión para la gestión integral del Servicio Municipal de Agua y Saneamiento de Santander es Aqualia.  El precio que paga el ciudadano es el mismo estando el servicio privatizado o no. El precio del agua lo regula el Ayuntamiento de Santander mediante una ordenanza fiscal que se aprueba en el pleno del Ayuntamiento. Por lo tanto, el ciudadano no se ve afectado de hecho, se beneficia puesto que gracias a la privatización del servicio, el ayuntamiento gana en eficiencia, en mejores medios ya que la empresa privada realiza la inversión, y agilidad en la gestión.