Continuación ¿Fiscalía al servicio de los ciudadanos?

En el artículo anterior escribí sobre los escándalos de la Fiscalía en función del poder político que tenga el imputado.

Bien, hoy leyendo el periódico me encuentro con la siguiente noticia: La Fiscalía no imputará a los duques de Palma por la contratación de empleados ficticios.

¿Os podéis imaginar que pasaría si esta irregularidad la hubiésemos cometido algún ciudadano normal y corriente?

¿Una justicia al servicio de la ciudadanía?

Ya hablé hace unos meses sobre el papel que jugaba la justicia en nuestro país pero desde hace unos meses parece que la situación, desde mi punto de vista, se ha ido agravando.

Todo esto empezó a oler a chamuscado, cuando la Fiscalía del juzgado de Palma de Mallorca, repito y recalco: la Fiscalía, pedía la desimputación de la Infanta Cristina. A ésto hay que sumarle otra serie de actuaciones hasta llegar a la más reciente en la que descarta la existencia de delito en la venta de preferentes.

No es posible que cada vez que el Gobierno cambie de signo político, la justicia se renueve sustituyendo a los jueces en función de dicha ideología política. 

Desde que se instauró en España un sistema democrático, la separación de los tres poderes del Estado es un principio básico de organización. Sin embargo, todavía no se ha encontrado una fórmula admitidaque garantice de la independencia del poder judicial. El funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y algunos procedimientos con pinceladas políticas hacen que la opinión pública perciba la Justicia como una institución politizada. 

Por ello, recomiendo leer este artículo de la Revista Iuris que aunque date del 2010 explica claramente el problema y da algunas propuesta para acabar con esta politización.

¿Esta politizada la justicia española?

Asimismo, os invito a que leáis lo que escribí hace unos meses en este mismo blog sobre la politización de Instituciones públicas en relación a la corrupción.

De vuelta a estos lares....

Hoy he decidido volver al blog después de haberlo abandonado durante 4 meses.

Las dos caras de AUSBANC

El otro día vi en televisión como el presidente de AUSBANC, la Asociación  de Usuarios de Servicios Bancarios, Luis Pineda, se sentaba para hablar y defender los derechos de los usuarios de la banca. Mi cabreo fue en aumento cuando los periodistas alababan todo lo que decía y era tratado como el salvador de los ciudadanos con problemas bancarios.

¿De dónde viene mi indignación? Pues os la voy a explicar en este artículo.

Defender a los consumidores puede ser un negocio muy lucrativo. Y eso lo saben bien. Hace más de 20 años que se inventó AUSBANC, una asociación de usuarios de banca que ha sacado los colores a las entidades por cobrar comisiones injustificadas, hipotecas caras, etc. Sin embargo, también les ha permitido levantar una red de empresas. 

En octubre de 2005, el Ministerio de Sanidad expulsó a AUSBANC del registro de asociaciones de consumidores. El motivo, un pequeño anuncio que apareció en Justicia y Derecho, una revista rudimentaria editada por AUSBANC en blanco y negro. Consumo dice que incumple la legislación por incluir publicidad comercial, y no meramente informativa

Esta asociación, se dedica a presionar a los empresarios para que se publiciten en su revista. Por ejemplo, Telefónica, una de las empresas más sacudidas por AUSBANC, se negaba a insertar publicidad en sus revistas y  logró que el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid sentenciara que AUSBANC no es una asociación, ni una confederación, ni una cooperativa de consumidores y usuarios. No tiene legitimidad, ni representatividad ni puede ni debe personarse en proceso alguno haciendo como que los defiende. 

Resumiendo AUSBANC no puede ejercer como defensora de usuarios y consumidores.

¿Entonces cómo una asociación que no puede representar a colectivos e involucrada en múltiples escándalos es invitada a las televisiones?

Pinchazo a la burbuja estatal

Hoy toca pinchar la burbuja estatal. Primero voy a recordar que la burbuja financiera, debido a los bajos tipos de interés fijados por el BCE, engendró la burbuja inmobiliaria que a su vez dio lugar a la burbuja estatal gracias a los ingresos tributarios que el Gobierno recibía de esas miles de viviendas que se construían y la gente compraba.

Durante los años felices de la burbuja inmobiliaria, la recaudación fiscal aumentó casi un 70%, lo que llevó a los políticos a comprometer unos niveles absurdamente elevados de gastos que nos fueron imposibles de mantener cuando esta pinchó. 

Muchos estastistas argumentan que nuestro sector público fue extremadamente austero durante los años del boom económico porque incluso acumuló un cierto superávit durante tres ejercicios consecutivos. Sin embargo, aunque este argumento lo utilicen algunos no es cierto o al menos no a largo plazo. Imaginemos que a un señor le toca un millón de euros en la lotería y ese mismo año asume una hipoteca con una letra anual de 900.000 euros. ¿Diríamos que esa persona ha sido prudente y austera por el hecho de que, durante el primer año, exhibiese un superávit de ingresos sobre gastos de 100.000 euros? No, diríamos que esa persona se ha suicidado financieramente porque no tiene dinero para pagar el resto de la hipoteca en los sucesivos años.

Pues lo mismo le sucedió al Estado Español: pese a que la gran mayoría de sus ingresos eran extraordinarios, sus gastos se inflaron con la idea de no reducirlos jamás. De hecho, si algo sucedió durante la crisis es que, la recaudación derivada de la burbuja inmobiliaria desapareció en gran parte mientras que los gastos totales del Estado siguieron creciendo. Fue así como, en un par de años, pasamos de un superávit del 2% del PIB a un déficit superior al 11%. Es decir, en dos años el Estado pasó de ahorrar 20.000 millones de euros a endeudarse por más de 110.000 millones. 

¿Se ha pinchado ya la burbuja estatal?

NO

Hasta la fecha, tanto Zapatero como Rajoy intentaron mantener el Estado sobredimensionado fruto de la burbuja inmobiliaria mediante un saqueo más sistemático y desacomplejado de las haciendas de todos los españoles. Sin ir más lejos, en apenas unos meses en el poder Rajoy elevó los tipos de nuestro IRPF hasta los niveles más altos de Europa, suprimió la mayoría de beneficios fiscales dentro del Impuesto de Sociedades y ha incrementado el IVA hasta el 10% (tipo reducido) y 21% (tipo general). Se trata, pues, de exprimir mucho más al ciudadano para que los políticos puedan seguir gastando a manos llenas, tal como lo hacían durante la insostenible etapa del boom artificial. La Administración Pública todavía no se ha dado cuenta de la crisis que estamos viviendo y por eso sigue gastando y gastando mientras los ciudadanos nos siguen exprimiendo.

Rajoy ha recortado gastos de verdad aunque no es mucho –tirando muy por lo alto, apenas 20.000 o 25.000 millones al año, frente a un déficit total que supera los 90.000 millones– pero podría ser un primer paso. Si Rajoy no opta por pinchar de manera controlada pero veloz la burbuja estatal, ésta terminará explotando de manera caótica y nos llevará a todos por delante. El tiempo corre en nuestra contra y de momento el Gobierno sólo ha sabido subir los impuestos y rebajar tímidamente algunos gastos.

¿Qué solución alternativa hay para reducir el déficit antes de subir los impuestos?

En primer lugar hay que reducir empleo público. En la última década el empleo público creció desde los 69.000 millones de euros en 2001 hasta los 123.000 millones en 2011. Parte de esa subida se debe al incremento de plantilla que ha pasado de 2,54 millones a 3,13 millones y otra parte a aumentos de la remuneración por encima del IPC. ¿Por qué no reducimos los empleados públicos hasta 2,35 millones (un ratio de 1 empleado por cada 20 ciudadanos y por qué no reducimos sus remuneraciones un 15%? Esta es la solución que propone Juan Ramón Rallo y que permitiría ahorrar 40.000 millones de euros.

Por otro lado, hay que reducir las subvenciones que concede el Gobierno o por lo menos controlar a quienes se conceden. Se han dado muchas ayudas a las renovables pero pocas a los emprendedores. Como dato, las AAPP concedieron 11.000 millones de euros en subvenciones sobre todo al sector del transporte: AVE, aeropuertos, carreteras... Para que luego la mayoría de nuevos aeropuertos construidos sean fantasmas y no haya ni un sólo vuelo, estaciones de AVE como la de Puerto Genil en Córdoba no haya ni un pasajero y tantos ejemplos que seguro que conocéis.

Asimismo, creo que se deberían cerrar o privatizar empresas públicas. Actualmente en España hay 2.500 empresas públicas. 

Por último, aunque es una medida impopular, creo que hay que cambiar el modelo de pensiones. No tiene sentido que la gente que hoy está trabajando esté pagando las pensiones de otra gente y que probablemente esos trabajadores en un futuro no tengan pensión. Propongo que a los trabajadores se les quite todos los meses un porcentaje de su sueldo y se les guarde como si de un plan de pensiones privado se tratara. De esta manera, si el trabajador sigue en esa empresa cuando se jubile se le dará su plan de pensiones y si el trabajador se marcha de la empresa se le devolverá todo lo que ha acumulado hasta la fecha.

¿Vosotros qué opináis?

Saneamiento del sistema financiero

Hace unos días escribí un artículo sobre las tres burburjas que habían existido en nuestro país: la burbuja financiera, la burbuja productiva y la burbuja estatal. Expliqué cuál había sido su origen y una breve conclusión sobre lo que habría que hacer según lo que se decía en el vídeo que adjunte en el artículo.

Tras la lectura del libro Una alternativa liberal al que tanto hago referencia, ya que es un libro fantástico con muchos datos que os recomiendo leer, voy a detallar la posible solución a cada una de esas tres burbujas. Hoy es el turno del saneamiento del sistema financiero.

Las pérdidas tasadas para la banca se sitúan en el amplio rango de los 300.000 a 400.000 millones de euros. Para evitar una bancarrota del sistema bancario español, el Gobierno primero obligó a los bancos a reconocer una parte de todas sus pérdidas reales, unos 84.000 millones de euros, para después empujarlas a que se recapitalizaran por ese mismo monto de dinero en un plazo máximo de dos años. Sin embargo, la mayor parte de la banca española no podía conseguir esos 84.000 millones por lo que el Gobierno se comprometió a inyectar capital público  a esas entidades insolventes para cubrir la diferencia. Como claro ejemplo de esto es el caso Bankia que no le quedó más remedio que pedir un rescate estatal de 23.500 millones de euros.

Según las auditorías realizadas por auditoras contratadas por el Gobierno, el sistema financiero español necesitaba 62.000 millones de euros, cosa que el Gobierno no podía hacer frente y se pidió a Bruselas una línea de crédito de 100.000 millones de euros a mediados de junio. Tras el famoso anuncio del ministro de economía y competitividad, Luis De Guindos, que decía que la banca española SÓLO necesitaba 62.000 millones de euros, muchos bloggeros y economistas se apresuraron a decir que las cifras estaban sesgadas a la baja y razón no les faltaba. Por lo tanto, las entidades españolas no necesitaban un capital adicional de 62.000 millones de euros sino de 150.000 millones. Esto suponía que el Gobierno iba a agotar la línea de crédito y por tanto el endeudamiento público se iba a disparar: riesgo de quiebra del Estado. De ahí que Rajoy exgiera que la recapitalización de los bancos fuera directa trasladando que las pérdidas corrieran a cargo de los contribuyentes europeos (por ende ciudadanos españoles).

En el momento en el que el Gobierno interviene en el capital de un banco, tendría derecho a nombrar al Consejo de Administración porque es el Estado el mayor accionista y aquí empezarían los problemas. Se empezarían a designar cargos no por sus conocimientos sino por "amistad". Cojamos el ejemplo de las cajas de ahorros, en los Consejos de Administración están presentes políticos de todos los partidos y hasta sindicalistas, y ocho de ellas han sido intervenidas y nacionalizadas hasta mediados del 2012 como Caja Castilla la Mancha o el escandaloso caso de Caja de Ahorros del Mediterráneo. 

Por esos dos motivos: primero porque los españoles tenemos que correr con las pérdidas de las entidades bancarias fruto de sus malas estrategias y gestiones, y segundo porque las entidades nacionalizadas serían un nido de ineptos nombrados por los partidos políticos por amistad y favores varios, esta alternativa por la que ha optado el Gobierno no me convence.

¿Qué alternativa tenemos?

Juan Ramón Rallo en su libro propone el bail-in (rescate a costa de los acreedores). El bail-in es un rescate que consiste en convertir las deudas de los bancos en nuevos fondos propios hasta completar la recapitalización.

Pongamos un ejemplo, un banco posee un activo de 100 millones de euros que ha sido financiado con 90 millones de euros de deuda y 10 millones de euros de fondos propios. Si el banco tiene un imprevisto y experimenta pérdidas de 10 millones de euros, los accionistas lo perderán y el banco quedará descapitalizado por entero. La alternativa al rescate estatal consiste en que los acreedores que asumieron mayores riesgos sean los que carguen con la mayor parte de las pérdidas. Los acreedores ya saben que cuanta más rentabilidad se obtiene más riesgo se tiene por lo tanto son perfectamente conscientes de lo que les puede pasar si la entidad va mal. Con esto no estoy diciendo que todo el peso recaiga en los acreedores pero sí la mayor parte y en los ciudadanos la menor parte, justo lo contrario de lo que sucede ahora mismo. Además si utilizamos el bail-in, el banco seguiría en manos privadas con lo que evitaríamos el nido de ineptos politiqueros.

Para más información os recomiendo que os leáis estos artículo:

Institudo Juan de Mariana: 

Bankia podría ser recapitalizada sin que el Estado aporte un solo euro 

The economist:

From bail-out to bail-in

La economía española gana competitividad salvo en los sectores que regula el Gobierno

La economía española gana competitividad salvo en los sectores que regula el Gobierno. Una vez más volvemos a lo que ya he comentado muchas veces en este blog, sector intervenido por el Estado, sector que fracasa. Esa es la conclusión que se extrae de los precios de exportación publicados por el INE que revelan que el precio de la energía ha subido el triple que el resto de actividades económicas hasta acumular un repunte en sus precios del 8,1%, frente al apenas 2,5% que han crecido en el resto de sectores. Casi el triple ha subido la energía.

¿Tiene algo que ver el déficit tarifario?

Está claro que por mucho que nos lo quieran vender, el motivo de la subida del precio de la luz NO es exclusivamente por el déficit tarifario. Primero cabe explicar de dónde viene el déficit tarifario. Antes de dejar el poder, el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar aprobó en el año 2004, como una de sus últimas medidas el Real Decreto 436/2004 dirigido a incentivar la instalación y uso de energías renovables. En ese decreto se establecieron generosas bonificaciones y ventajas para la producción de "energías verdes". Así, sobre todo a partir de 2005, se comenzó a acumular lo que se conoce como déficit de tarifa: Diferencia entre los ingresos del sistema (derivados de la factura de la luz que pagamos los consumidores) y los costes del sistema. Como los ingresos, pese al sostenido aumento del precio de la luz, no alcanzaban a cubrir los gasto y como, además gran parte de esos gastos venían impuestos por caprichos gubernamentales (promoción de las energías verdes), el Ejecutivo se comprometió a resarciar a las eléctricas por esa diferencia.

El coste que más se ha disparado en la última década han sido las primas de régimen especial: han pasado de 1.889 millones de euros en 2001 a 6.984 millones de euros en 2011 tal y como podemos ver en el gráfico de elaborado por Manuel Fernández Ordoñez en su blog con datos del CNE.

A finales de 2011 existían alrededor de 26.000 millones de euros en deuda privada de déficit tarifarios de años atrás todavía pendientes de pago; una deuda que equivale al 2,5% del PIB y que no figura en las cifras de déficit ni en las de deuda pública pero que los ciudadanos tendremos que pagar, como no, de alguna manera. La factura eléctrica seguirá subiendo por un lado para eliminar el déficit anual y, por otro, repagar la deuda tarifaria acumulada.

Juan Ramón Rallo en su libro : Una alternativa liberal para salir de la crisis  afirma que el déficit de tarifa podría suprimirse tan sólo rebajando a la mitad las primas a las renovables. Si las primas al régimen especial no existieran, no habría déficit de tarifa. De hecho, habría un superávit de unos 3.000 millones de euros. Es decir, el déficit de tarifa desorbitado lo ha creado la legislación, no el mercado.

Como conclusiones :

• ¿Se puede culpar a las energías del régimen especial de provocar el déficit de tarifa? Exclusivamente, NO. Pero su contribución al mismo es más que significativa, de hecho es mayoritaria. El importe de las primas en 2010 ascendieron al 38,6% de los costes totales regulados del sistema eléctrico. Por tanto, la mayor parte de la culpa del déficit tarifario corresponde a las primas al régimen especial. 

• ¿Qué pasaría si no hubiera primas al régimen especial? Nos ahorraríamos unos 7.000 millones de euros anuales en este concepto. Por tanto, no acumularíamos déficit de tarifa año a año. Aunque se hayan quitado las primas al régimen especial de ahora en adelante, esos 7.000 millones de euros al año no nos libramos de pagarlos. 

Una vez más la noticia se centra en la corrupción

El otro día escribía un artículo sobre la corrupción que existía en nuestro país y hoy salta la noticia de que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo) ha denunciado que España sólo ha perseguido a 7 empresas por sobornos en los últimos 13 años y esas causas han sido archivadas.

La Justicia Española no persigue la corrupción internacional de sus empresas. Según el informe que la OCDE ha remitido al Gobierno, la Justicia sólo ha investigado a 7 empresas en los últimos 13 años y jamás ha condenado a una sola compañía. De hecho, la OCDE denuncia que su grupo de trabajo ha detectado al menos tres denuncias públicas en las que se acusaba a empresas españolas de sobornar a funcionarios públicos extranjeros que ni siquiera merecieron una investigación por parte de los tribunales españoles.

La OCDE denuncia la pasividad de las autoridades españolas y asegura que, pese a las prácticas sospechosas de algunas empresas, no ha habido ninguna imputación y de esas siete investigaciones, sólo dos pasaron el umbral de las investigaciones preliminares.

Aunque el informe de la OCDE no nombra a las empresas españolas, las siete causas archivadas se pueden consultar en este artículo que ha escrito el periodista Javier Ruiz para Vozpópuli.

Según la OCDE, no sólo ha habido falta de diligencia por parte de la Justicia Española en los últimos diez años, sino que además hay falta de cooperación por parte del Gobierno. Según sus técnicos, el Ejecutivo español ni siquiera entregó traducciones de las leyes españolas, no respondió a los cuestionarios recibidos y entregó información escasa. Cuando la OCDE visitó nuestro país el 3, 4 y 5 de julio de 2012 dijó que una parte sustancial del tiempo de la visita se fue en discusiones sobre asuntos relativamente básicos que podrían haber sido clarificados en los cuestionarios. Como consecuencia de esto, quedó poco tiempo para más discusiones en profundidad.

Por ese motivo, la OCDE da un ultimátum de un año a España para que corrija las deficiencias de su Código Penal y amenazan con un procedimiento administrativo al país si no corrige los defectos denunciados.

La corrupción en España

Raro es el día en el que no escuchemos que han detenido a algún político por corrupción. Hoy mismo saltaba la noticia de la imputación del alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás (PP), en la operación Pokemón. Un caso en el que también están imputados los alcaldes de Orense (PSOE) y Lugo (PSOE) y en el que no podía faltar un ex ministro de Fomento del gobierno socialista: José Blanco. 

Políticos de todos los partidos están implicados en temas de corrupción desde Francisco Camps, José Blanco, la familia Puyol y hasta miembros de la Familia Real Española como es el tema Urdangarín. 

Aquí se puede consultar una lista de políticos españoles corruptos que no está actualizada desde abril pero que sirve para hacernos una idea de la cantidad de políticos que hay implicados en casos de corrupción.

En el año 2004, España a era el vigésimotercero país más transparente. Sin embargo, según los últimos datos elaborados por la Organización Transparency International, España ya está en el puesto 31 empatado con Botswana. Grecia lidera la lista de la Unión Europea en corrupción e Italia, pese a la salida de Silvio Berlusconi del Gobierno, sigue cayendo puestos en esta clasificación hasta el 72, y ha sido adelantado por Macedonia, que el año anterior estaba justo por debajo. 

Muchas veces me pregunto por qué hay tanta corrupción en nuestro país y creo que la respuesta es muy sencilla: robar en España sale muy barato. Además pienso que en nuestro país la política está en medio de todo el tinglao. Si poderes públicos como la justicia no estuviesen en manos de políticos, la cosa cambiaría. No es posible que personas que estén imputadas en graves casos de corrupción con pruebas suficientes salgan inocentes por ser de un determinado partido político o por tener un nombre ligado a la Familia Real.

El problema que tenemos en este país es que existe un alto número de cargos de designación política en instituciones nacionales, autonómicas y locales. Personas que probablemente no tienen conocimientos para poder ejercer ese cargo pero que están ahí por designación política.

¿Qué podemos hacer para reducir esta politización? 

La experiencia de otros países resulta ilustrativa. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de Estados Unidos presentaban unos niveles de politización y corrupción tan estratosféricos como los reflejados en la película Gangs of New York, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales. Unos años después, la extensa politización de las administraciones locales, y de su mano la corrupción, descendió de forma drástica gracias a reformas institucionales como la sustitución del tipo de gobierno strong-mayor (un sólo cargo electo, el alcalde y su mayoría de gobierno, acumula mucho poder) por el denominado city-manager donde los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política.

Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. En ellos, el partido que gana las elecciones está con las "manos atadas" a la hora de hacer nombramientos, porque existe un directivo profesional que gestiona la organización administrativa, o bien debe llegar a amplios acuerdos con otras fuerzas políticas, incluyendo con frecuencia a las de la oposición, para nombrar a cargos públicos. En general, se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política.

Esta situación parece irreversible puesto que no hay movilización de ningún tipo. Sin embargo, no hay que perder la esperanza y ser positivos. La experiencia de otros contextos debe infundirnos optimismo. Activistas como Richard Childs, un hombre de negocios y promotor de un tipo de gobierno local basado en directivos profesionales como los existentes en el sector privado, iniciaron su improbable lucha contra la politización y la corrupción que ocurría en todos los niveles administrativos en Estados Unidos hace ya más de un siglo. Al principio pensaron que este lucha iba a servir de poco  pero triunfaron porque fueron capaces de movilizar los intereses de aquellos que en última instancia generaban la riqueza del país, convenciéndolos de que ésta se estaba malgastando no con malas políticas públicas, sino con malos políticos, o mejor dicho, con la pervivencia de malas instituciones utilizadas por los políticos para sostener sus beneficios. 

¿Seremos capaces en España de conseguirlo?

¿El nivel de vida de los españoles peor que en la Gran Depresión de los EEUU?

Los economistas afirman que para que España salga de la crisis, la población se debe empobrecer en torno a un 30%. Esto significa que la clase media desaparecería por completo pasando a ser clase baja. 

Muchos comparan esta crisis con la Gran Depresión tras el crack de 1929, un tiempo de pobreza y penurias que marcó el fin de una bonanza y prosperidad económica no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo y sumió al mundo en un Guerra Mundial. Durante aquel período el PIB de los EEUU, cayó aproximadamente una tercera parte, el paro llegó al 25% y el consumo y la inversión se desplomaron por eso muchos piensan que estamos ante la Segunda Gran Depresión.

En primer lugar analicemos lo que ha sucedido con el comercio en los últimos 5 años. Según los datos facilitados por el INE (Instituto Nacional de Estadística) podemos constatar que este sector ha decaído nada menos que un 27,1%. 

Si seguimos con las ventas interiores de las grandes empresas, que suponen más de la mitad de la actividad económica del país, han tenido una evolución aún peor, en concreto han bajado un 36,2% desde 2007. Hay que destacar que en este caso no se trata de encuestas, sino de datos totales compilados por la Agencia Tributaria. La situación en el último año se ha agravado aún más, y especialmente desde la subida del IVA el pasado mes de septiembre.

Existen también agregados que miden el consumo dentro del país. El primero de ellos son la disponibilidades interiores de bienes de consumo no duraderos (menos de tres años de vida útil), que se hunden un 32,2% desde 2007.

En cuanto al consumo de bienes duraderos, la situación es mucho peor, habiendo bajado un 71,9% desde 2007.

A pesar de todos estos datos, no hay que alarmarse. Desde 1929 a 1933 (punto más bajo de la depresión), el consumo de bienes no duraderos cayó un 29%, es decir, 3 puntos menos que en España en el período 2007-2012. En cuanto al consumo de bienes duraderos, éste descendió un 55%, nada menos que 17 puntos menos que los vistos en España actualmente según los datos que disponemos.